Viernes, 09 Agosto 2013 07:01

No hay tormenta ni huracán capaz de derribar un país… cuando su gente está comprometida en hacer bien su trabajo

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La responsabilidad de contar con una mejor infraestructura es de todos: del Estado para asegurar una institucionalidad capaz y el buen uso de los recursos; del sector contratista, para contar con mejores empresas y ejecutar los proyectos de una forma profesional y técnica, con tiempos y costos competitivos y de toda la sociedad, que no solo debe cumplir con sus obligaciones hacia el Estado, sino exigir de forma activa la gestión ordenada de la infraestructura para que realmente sea un motor de desarrollo económico y social para Guatemala.
En la actualidad, la ausencia de contar con fondos específicos para afrontar emergencias ha obligado a que en eventos como la tormenta Stan, Agatha, erupción del volcán de Pacaya y otros fenómenos naturales, se haya tenido que afrontar la atención de dichas emergencias sin una partida presupuestaria, con el objetivo de permitir que el país siguiera operando.
Cámara Guatemalteca de la Construcción, cree firmemente que la base fundamental del Estado de Derecho es el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos y por lo tanto el trabajo debidamente realizado y auditado, debe ser pagado.
Asimismo, exigimos que el pago sea absolutamente transparente y de acuerdo al listado de empresas definido por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que legal y legítimamente hayan ejecutado los trabajos, sujetos a la fiscalización pública.
En el mes de julio, se llegó a un consenso en el Comité Coordinador de Asociación Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), por medio del cual se acordó lo siguiente:
1. Por certeza jurídica, toda deuda que el Estado ha contraído por razón de obra pública, que haya sido adecuadamente ejecutada, realizada de acuerdo a los parámetros del contrato y debidamente auditada, tiene que ser honrada y pagada.
2. Todo mecanismo destinado a honrar esa deuda del Estado, no puede ni debe comprometer la estabilidad macroeconómica del país. Es responsabilidad de la Junta Monetaria, determinar el impacto macroeconómico de cualquier medida y emitir una opinión favorable o desfavorable de acuerdo a su análisis técnico.
3. Todo mecanismo de pago debe ser absolutamente transparente, de acuerdo a reglas previamente establecidas, respetando los montos considerados para ese propósito y ser sujeto de fiscalización pública.
Debido a que los contratos de las obras ejecutadas están firmados y la deuda ya fue contraída por el Estado, la macroeconomía ya fue afectada.
Realizar el pago a quienes ya han trabajado, es honrar una deuda del Estado.

 

Lic. José Luis Agüero Urruela
Presidente
Cámara Guatemalteca de la Construcción

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